Gimeno, el actual consejero de Educación del Gobierno de Navarra, huye de la democracia sindical porque no quiere cazarse los dedos. La expresión la recojo de una advertencia que le hizo al consejero entre 2015 y 2017, Mendoza, su entonces director general de universidades y recursos educativos, cuando ante la petición de todos los sindicatos de enseñanza concertada para que reabriera la mesa negociadora a 3 bandas entre el Departamento, los Sindicatos y las Patronales, le advirtió, en presencia de los/as liberados/as sindicales: "si convocas esa mesa puedes cazarte los dedos".
Seguramente el actual consejero socialista también recibiría ese consejo cuando al acceder al cargo en agosto de 2019, intentó repescar a ese mismo director general para su departamento. Aunque en el tema de concertada dio algunos pasos en la línea de Mendoza y de su sucesora Solana (ambos de Geroa Bai), reuniendo dos veces la mesa a 3 bandas y prorrogando el acuerdo anterior, pronto cambió de rumbo, siguiendo el consejo de quien, por un lado rechazó el cargo, pero por otro mantenía su ascendiente sobre el equipo de responsables del departamento que había ejercido esos puestos de confianza política en los años más duros de los recortes del gobierno de UPN. Equipo que ahora lo hace, inexplicablemente, con un consejero del PSN.
Dejando claro que ningún/a funcionario/a está obligado a aceptar nombramientos de confianza política, y si lo hace está sujeta/o a la crítica política, el funcionariado es una pieza clave en la administración pública, y muchos vimos como un acierto el planteamiento del anterior gobierno de confiar los cargos al funcionariado, del que esperamos que también tenga elementos que apuesten por políticas de izquierdas, de defensa de las personas trabajadoras, de reversión de recortes y mejora de las condiciones laborales, de control del dinero público. Sin embargo el problema fue, en un primer momento, no saber encontrar en dicho cuerpo a las personas adecuadas, sin mochilas, a veces de décadas, de servicio a la derecha y sus políticas, en cargos de confianza; y posteriormente, acabar confiando en ellas/os durante demasiado tiempo, hasta cesarlas/os cuando el daño ya estaba hecho.
Son varios los ejemplos de dicho perjuicio al sistema educativo y al gobierno del cambio. Aunque me voy a centrar en el problema de las plantillas de la educación concertada, antes aporto otro ejemplo muy significativo: las oposiciones de educación de 2016. En cuanto se conoció su planteamiento, Mendoza fue acusado de actuar por criterios políticos al convocar muchas más plazas en euskera que en castellano, mientras él decía que los criterios habían sido técnicos. Y así era, su equipo había aplicado los criterios técnicos de lo que se podía hacer, pero en base a los criterios políticos fijados tiempo atrás por el gobierno de UPN. Esto es lo que había que haber cambiado, pero no se hizo, y así la desproporción entre las plazas en euskera y en castellano habría sido mucho menor, y la polémica inexistente. Con los criterios políticos de UPN, de imponer el PAI o Programa de Aprendizaje en Inglés de numerosas asignaturas, nuestro sistema educativo navarro no necesitaba apenas maestras/os en castellano sino en inglés, pero el RDL 7/2007 impedía exigir requisito de titulación en lengua extranjera para plazas de maestra/o generalista, como se impide en cualquier país. Con los criterios que debería haber tenido el gobierno del cambio, desvelando la chapuza del PAI y desmontándolo progresivamente, la OPE hubiera planteado un cupo de plazas en castellano similar al que ahora se va a convocar para cumplir una sentencia judicial que ha tenido en vilo, hasta hace poco, a quienes sacaron su plaza en euskera.
Centrándome de nuevo en la enseñanza concertada, el daño fue tremendo para las plantillas de la misma y también para el gobierno del cambio. Para este último lo fue porque tuvo en pie de guerra a las/os más de 3.000 profesionales del sector durante todo el año 2016, y desde finales de 2017 dejó profundamente defraudado al grueso del colectivo.
Al margen de la crítica a las personas con la máxima responsabilidad política en el cuatripartito del cambio, que no hicieron caso a los competentes equipos que les ayudaron a llegar al poder, quienes como funcionarias/os aceptaron seguir en cargos de confianza como los que habían tenido en la etapa del gobierno de UPN, y han vuelto a aceptarlos con el consejero del PSN, siguieron con la inercia de trabajar para las patronales desde el gobierno, y continúan en ello.
La primera prueba la tuvimos, los/as liberados/as de los distintos sindicatos de enseñanza concertada, cuando en otoño de 2015 nos entrevistamos con el director general antes mencionado, que estaba acompañado por el entonces ecónomo del departamento, recién aterrizado tras haber estado años como ecónomo del hospital con el gobierno de UPN. Cuando les planteamos que en los primeros presupuestos del gobierno del cambio debía aprobarse la subida salarial del 1% para las plantillas de enseñanza concertada, como iba a hacerse con las de la pública, pues a todos se nos bajó por igual en tiempos de UPN, su respuesta fue que no, que antes tenían que devolver a la patronal lo que supuestamente le debían, y que su relación como Departamento era con esa organización empresarial, y no con los sindicatos representativos de sus trabajadoras/es, a quienes por ley, el departamento de Educación abona la nómina cada mes. Lo tenían tan claro, que habían introducido, con ingeniería presupuestaria, en el proyecto de presupuestos, una partida de 500.000 € para la patronal, aunque muy bien disimulada y casi imposible de detectar, que luego encauzarían hacia donde tenían previsto desde el principio: a devolver a la patronal parte de un préstamo que ésta hizo a la presidenta Barcina cuando en 2012 le dio 4 millones de euros para que el gobierno pagara la extra de navidad a las plantillas de enseñanza concertada.
Los sindicatos nos enteramos de esto cuando, una vez aprobados los presupuestos de 2016, sin esa partida, que tumbaron los socios del gobierno, las patronales nos llamaron a una reunión el 19 de febrero. Buscaban que nuestras movilizaciones en pro de la subida del 1%, que no había sido incluida en los presupuestos pero que el cuatripartito prometía abonar, modificando los módulos de concertada, fueran también para que sus organizaciones recuperaran el dinero perdido. De hecho Barcina no les había devuelto los 4 millones, sino solo 500.000 € en las postrimerías de su mandato. El modus operandi del departamento había sido el siguiente: el gobierno de UPN aprueba un acuerdo el 3 de junio de 2015 (una vez perdidas las elecciones) que no se publica en ningún sitio, por el cual mueve fondos hacia las distintas partidas que financian las diferentes etapas de enseñanza concertada, pero que en realidad acaban en las arcas de las patronales, cuyo presidente había prestado su centro escolar y su persona misma para un mitin de UPN en la última semana de campaña electoral, después de advertir a las plantillas que no votaran a ciertos partidos.
En dicha reunión de febrero las patronales nos amenazaban con no renovar más el acuerdo de concertada que vencía a finales de agosto, en caso de que ellas no recibieran también el dinero que reclamaban. Por primera vez, las patronales daban la impresión de no tener interlocución con los responsables del departamento. Los sindicatos sabemos muy bien que las patronales, a diferencia de las/os trabajadoras/es, tienen otras fuentes de financiación, como las cuotas de las familias, y no nos preocupamos de la reivindicación patronal, sino que seguimos todo el resto del año movilizándonos por el 1% de subida salarial para 2016, que el cuatripartito nos había prometido pero que nunca cumplió.
Lo que sí hizo el consejero Mendoza fue retomar desde agosto de 2016 una mesa de negociación a 3 bandas, entre el Departamento de Educación, los Sindicatos y las Patronales, que no se reunía desde los tiempos de su antecesor en el cargo de CDN, allá por 2008. Al parecer no temía cazarse los dedos, y le agradecimos su valentía. Para cuando el proceso iniciado con esa mesa culminó un año después, con un acuerdo con el 86% de la representación sindical, el departamento de Educación había sufrido ya cambios en todos los niveles de su equipo, y la nueva consejera firmó ese acuerdo. Año y medio después, intentó firmar otro en víspera electoral, pero retiró la propuesta quizá porque, aunque de nuevo iba a contar con el 86% de apoyo sindical, sentía que se estaba cazando los dedos.
La pandemia que padecemos actualmente ha demostrado, para quien no lo quería ver con anterioridad, que aplicar recortes en los servicios públicos termina matando, y mucho. Matando vidas humanas, pero también matando la calidad del sistema educativo, con alumnado y profesorado como principales afectados. Algunos nos habíamos negado en 2012, y nos negamos tanto en el acuerdo de 2017, como en el intento de renovación de 2019 y en el nuevo acuerdo de 2020, a firmar recortes en el servicio público básico que es la educación, centrados en sus profesionales, y lamentamos profundamente que el primer gobierno progresista de Navarra en décadas, y nada menos que 2 sindicatos de clase, terminaran viendo como un mal menor, aplicar a las plantillas de concertada recortes en sus condiciones laborales, en cuanto a formación, recolocación y reducción horaria por edad. Con esa firma se cazaron los dedos. Esperemos que la autocrítica que tanto suele costar hacer a los poderosos, vaya abriéndose camino con el tiempo, para no caer en el futuro en errores tan evidentes. En esta clave interpreté recientemente unas palabras de la ex-lehendakari, cuando puso en valor, en Navarra TV, la solvencia que habían dado a las finanzas navarras, pero dudó de si no habían sido tacaños en alguna medida. Ojalá no se olvide a futuro, aunque aduladores de todo tipo digan que el traje del Emperador es precioso. Al menos este verano han visto las manchas que tenía y entre todos se las hemos quitado, pero siguen sin ver las manchas de 2012 y 2017, o al menos no les quieren dar importancia.
Quizá les nuble la vista la terapia del shock que se nos suele aplicar en las situaciones de crisis: se nos amenaza con retrocesos tremendos para que aceptemos como menos malo algún retroceso. Para terminar de asumirlo, se nos presentan algunas medidas positivas, como las que se mantuvieron en el Acuerdo de septiembre de 2017 respecto a pactos anteriores, también las nuevas mejoras que se añadieron en cuanto a adelanto de las sustituciones en algunos casos, o intentar una mayor transparencia en la contratación y mantener la subida salarial en el mismo porcentaje que al personal público, que se nos estaba abonando desde principio de año, a raíz de las movilizaciones. Esto último se condicionó a firmar el acuerdo, cosa que no ha hecho el gobierno actual, que ha aplicado la subida salarial de 2020 sin condiciones. Quizá sea lo único que ha hecho bien, aunque se ha quedado corto en la cantidad, y hemos recurrido a Comptos y al Ararteko para que nos digan a dónde ha ido parte del dinero que el Parlamento destinó a las plantillas.
Ya he dicho al principio que el actual consejero socialista no quería cazarse los dedos, y quizá por eso hizo caso al viejo equipo de UPN que él mismo repescó para que le acompañara, y no convocó más a la mesa a 3, después de haberla reunido en 2 ocasiones en sus 4 primeros meses de gobierno. Como el significativo aumento de financiación para concertada que consiguió introducir en el proyecto de presupuestos para 2020, y que le hubiera permitido cumplir con la Ley 4, 2019 (que obliga a acabar con los recortes en Educación derivados del RDL 14/2012 de Rajoy), su equipo tan teledirigido por las patronales acabó desviándolo, al parecer*, en una parte significativa hacia reivindicaciones de dichas organizaciones, el consejero entendió que no tenía margen para lograr un acuerdo digno con los sindicatos, y los expulsó de la mesa, como quería al menos parte de la patronal. Luego lo revistió de razonamientos más o menos legalistas, pero muy poco convincentes para alguien que se presente como socialista y demócrata.
Su punto más bajo lo padeció el consejero cuando su propio socio de gobierno se alió con la oposición para sacar adelante la Ley Foral 14/2020 que impedía aplicar los nuevos recortes en reducción horaria por edad y complemento por JPA, al personal de concertada. Hasta Dulanz le dijo que no podía ir contra el 99% de la representación sindical, y su compañero de filas y vicepresidente del gobierno quitó importancia a dicha ley diciendo que respondía a la geometría variable.
Las patronales, encantadas, habían llegado a la apoteosis: echaron de la mesa a los sindicatos, negociaron con Educación parte del dinero que los presupuestos habían aprobado para las plantillas, aceptaron negociar solo con Educación un acuerdo de bases que incluía nuevos recortes para las plantillas, buscaron una ínfima legitimidad firmando a finales de junio un acuerdo de patronales con el 1% de la representación sindical del sector, y han conseguido que en septiembre se adhiera a él otro 85% (una vez cambiada la redacción según dicha Ley F 14/2020), con la garantía de que sus peones en el departamento lo van a aplicar encantadas y harán todo lo posible para que el consejero ni se plantee recurrir esa ley. La patronal en su máximo apogeo. El consejero no sabemos si sentirá que se ha cazado los dedos, pero está claro que ha vendido su alma al diablo.
