El cuatripartito y la enseñanza concertada

La consejera de educación ha hecho en los últimos días declaraciones a la prensa referidas a las negociaciones sobre el Acuerdo de la enseñanza concertada, donde han aflorado expresiones como acuerdo "no del todo justo", "mejora por encima de la ley", "bastantes millones", "reivindicación poco real", etc.

Por las ocasiones que me ha tocado hablar con ella y otros miembros del cuatripartito en los últimos años, creo que entiendo el sentido que les dan a estas expresiones citadas, así como las ideas que están detrás de las mismas, y voy a tratar de aportar mi conocimiento sobre el tema  y algún consejo que puede ser útil.

En primer lugar debo decir que lo que más destaca en los cargos políticos de todos los niveles que tienen responsabilidad sobre la red concertada, es su desconocimiento profundo de la misma, y por supuesto, de la situación de los trabajadores. Pero es evidente que hay funcionarios en Educación que conocen dicha red a la perfección.

Las dos variables más destacadas a la hora de analizar un empleo suelen ser el salario y la jornada. Pues bien, en la red concertada los trabajadores siempre hemos tenido menos salario y más jornada lectiva.

Este gobierno apostaba claramente en su programa, y con toda legitimidad, por la educación pública. Cuando le llegó la hora de elaborar sus primeros presupuestos generales para 2016, esto quedó reflejado en los mismos, ya que aumentó la partida dedicada a la red pública así como a los profesionales que trabajan en ella, a los que revertió un 1 % del salario recortado desde 2010. Nada que objetar.

Respecto a la red concertada, los presupuestos no supusieron ningún incremento, salvo el llamado "vegetativo", debido al progresivo envejecimiento de la plantilla que conlleva un pago de trienios, reducciones de jornada, prejubilaciones...

Cuando los sindicatos del sector llamamos la atención de la injusticia que suponía que a los trabajadores de concertada el anterior gobierno nos hubiese recortado el salario como a los de la pública, pero que el nuevo gobierno ahora no comenzaba la reversión en el mismo porcentaje que a ellos, es cuando comenzó a quedar en evidencia ese desconocimiento del que he hablado, así como el conjunto de ideas preconcebidas, prejuicios (en el sentido etimológico, no peyorativo) y equivocaciones que muchos políticos tienen sobre nosotros.

Asumido por dichos políticos que era justo incrementarnos también a nosotros el salario, y al no haberlo presupuestado, decidieron analizar los módulos de financiación que dedicaban a la enseñanza concertada con la esperanza de encontrar algún resquicio para mover dinero de unas partidas a otras y así hacer posible la subida salarial. El módulo de salarios del profesorado debía aumentar a costa del módulo de otros gastos, ya que el de gastos variables no podía reducirse. El módulo de otros gastos es el más difícil de controlar a primera vista, pero ya dijo un portavoz de la oposición y ex consejero de Educación que es el nuevo gobierno el que controla el departamento, y por tanto tiene medios para averiguar si el gasto está justificado convenientemente.

Fue en los meses centrales de 2016 cuando los partidos que sostienen al gobierno tomaron conciencia de que la financiación que los PGN dedican a la enseñanza concertada, está condicionada por las leyes orgánicas, el VI Convenio colectivo estatal y el Acuerdo de concertada de Navarra y sus tablas salariales. Un mal Convenio (ahora a la misma patronal le da vértigo que se aplique, y eso que ella lo firmó junto con los sindicatos de ámbito estatal) y un Acuerdo que imponía fuertes recortes a los trabajadores (no sustitución de bajas hasta los 15 días, aumento de alumnos por aula, doble escala salarial...) a la par que mantenía algunas medidas sociales (reducción de 4 lectivas desde los 57 años, contrato de relevo desde los 61, acumulación de lactancia, paga de antigüedad, acuerdo de mantenimiento de empleo...).

Aunque se sustentara en dos patas diferentes, Convenio y Acuerdo, la situación global de los trabajadores de concertada seguía siendo la descrita antes: mayor jornada lectiva y menor salario.

Sin embargo, dichos políticos no se fijaban en esto, sino que comenzaron a verbalizar que los trabajadores de concertada tenían un convenio colectivo, y por encima de éste un acuerdo que mejoraba las medidas laborales de dicho convenio. Rápidamente dedujeron que mantener esa mejora no era obligatorio para los nuevos gobernantes, y comenzaron a verla casi como un "privilegio", un "regalo", algo "no del todo justo". Y de ahí pasaron a pensar que para subirnos el 1 % podían encontrar el dinero eliminando algunas medidas de dicho acuerdo. De hecho dijeron que el coste anual del acuerdo para la administración es de 5 millones de euros, y en ocasiones han tenido tentaciones de dedicar ese dinero a otros fines. Desde entonces todos los borradores que nos ha ido presentando el gobierno han sido un retroceso para los trabajadores, más o menos intenso.

Sólo la movilización y la presión en las negociaciones hizo que el gobierno decidiera a finales de 2016 prorrogar el acuerdo aún vigente hasta el 31 de agosto de 2017, y abonar a los docentes desde abril de 2017 el 1 % de subida de 2016 con un año de retraso y sin retroactividad, pues ésta se limitó al 1 de enero de 2017.

El cambio de responsables (2 consejeros, 2 directores generales, 2 responsables de asuntos económicos, 3 responsables jurídicos) en el departamento trajo ya desde principios de este año, una nueva etapa de diálogo gobierno-patronales, gobierno-sindicatos y a tres bandas, que sobre todo ha servido a dichos responsables para conocer la realidad de la red concertada, que desconocían casi por completo al asumir el cargo.

La negociación propiamente dicha no ha comenzado hasta el último mes de junio. Y han llegado al punto actual en el que el gobierno propone un borrador que si no es aceptado decae todo acuerdo y nos quedamos con el único suelo del convenio estatal. Esto supondría un retroceso histórico sin precedentes, pues los docentes pasaríamos a tener 25 horas lectivas semanales, que fueron reducidas a 23 por una ley foral y un acuerdo firmado por todos los sindicatos en 2002, como consecuencia de las negociaciones abiertas tras la huelga de todo el sector dos años antes. Al aumentar cada docente dos horas de clase a la semana, sobrarían alrededor de 150 docentes que serían despedidos. Ante esta situación el conflicto en el sector estaría servido.
El acuerdo que nos propone el gobierno mejora nuestra situación en un punto: se sustituirá desde el primer día a los profesores de baja en cuatro supuestos, lo cual es bueno para la calidad de la educación de cara al alumnado y también para la calidad del trabajo del profesorado.

Salvo esta medida que ya está implantada en las demás CCAA, y que habría que revertir en todos los supuestos cuanto antes, el resto no mejora directamente la situación del profesorado. La transparencia en la contratación es una medida que hemos apoyado desde el principio todos los sindicatos y que la mayoría de las patronales han tratado de esquivar apoyándose en la legislación básica.
Al cuatripartito y a la consejera le pediría que no nos recorten en nuestras condiciones laborales, que a los 57 años podamos seguir reduciendo 4 horas lectivas semanales, que además suponen una medida de reparto o de creación de empleo joven. Respecto al contrato de relevo, la administración foral debería tener en cuenta que se ahorra mucho dinero, ya que desde los 61 años casi todo el salario de los trabajadores prejubilados lo abona el INSS, mientras que al personal público es el gobierno foral quien le abona el salario íntegro hasta jubilarse, así como al interino que hace las 5 horas lectivas semanales del funcionario desde que éste cumple 58 años. Éstas medidas las consideramos imprescindibles para salvaguardar la salud física y mental de los docentes en sus últimos años de vida laboral. Los docentes españoles tienen un 17% de horas lectivas semanales más que la media de los europeos, lo cual limita la preparación de clases, atención a alumnado y familias, coordinaciones, etc. En la concertada esta distancia es mayor, puesto que como he reiterado ya, durante toda nuestra vida laboral tenemos más lectivas, y sólo al cumplir 57 años éstas se reducen a un nivel aceptable.
La formación pública también se nos va a recortar, ya que accederemos a ella sólo en el caso de que haya plazas. ¡Qué lejos quedan los tiempos en que dicha formación era amplia y bien financiada, y nos daba cabida también al profesorado de la concertada!
El recreo en Educación Infantil aparecía en el acuerdo aún vigente, donde se recomendaba a las patronales que lo consideraran lectivo en dicha etapa, donde el alumnado está tan dependiente de sus maestras.
Hasta ahora había un acuerdo de mantenimiento de empleo o de recolocación que en la propuesta del gobierno se limita hasta agosto de 2018, cuando el acuerdo que nos propone es hasta 2019. Esto es vital para los trabajadores, pues si un aula se cierra en un centro, exigimos que antes de contratarse a alguien en otro centro de la red sea obligatorio recurrir a la bolsa de recolocación.
Las patronales están dispuestas a firmar el acuerdo que nos recorta en estas cuestiones, sus representantes no suelen tener la jornada lectiva completa, y por lo tanto no les afecta el endurecimiento de estas medidas.
El gobierno busca que firmemos proponiéndonos una subida salarial para los años 2018 y 2019 en el mismo porcentaje que a los trabajadores públicos, pero sólo "si hay disponibilidad presupuestaria". El problema es que ya hemos visto que si no la hay, no cobramos, como ha ocurrido en 2016 y va a ocurrir con la subida que en agosto se va a aplicar a los funcionarios con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Y como ha ocurrido con los no docentes, a los que aún no se les ha revertido nada.
Como petición final diría que el cuatripartito y la consejera deberían deshacerse de las ideas preconcebidas que puedan ser erróneas, deberían aplicar su programa de no recortes y de reversión en Educación. Y proponer un acuerdo que al menos no suponga un retroceso para los trabajadores, que en un 64% votan a sindicatos de clase, lo cual debería hacer recapacitar a un gobierno sustentado por tantos partidos de izquierda. Desde 2008 no se negociaba a tres bandas, y este gobierno ha tenido la valentía de abrir de nuevo esa mesa, ojalá la tenga también para no perjudicar a los trabajadores en cuyas manos deja la educación del 38 % del alumnado navarro.