Ha
sido en víspera del período navideño cuando el Gobierno de Navarra ha
modificado la normativa para que los centros escolares puedan incorporarse o
abandonar los programas de aprendizaje en idiomas extranjeros (PAI y similares),
excluyendo de la misma a los centros concertados, alegando que la LOE permite a
las entidades titulares de estos colegios establecer su carácter propio y su
proyecto educativo. Como profesor de un colegio concertado, que me he opuesto a
estos programas desde sus inicios, escribo a continuación las reflexiones que
me suscita esta situación.
Respecto
a los programas mencionados, y por si hay algún lector despistado, señalar nada
más que suponen que el alumnado tenga que utilizar el inglés, en un país que no
es de la Commonwealth, en un 40 % de su horario escolar desde los 3 años hasta
la ESO, para aprender historia, biología o matemáticas. Sin embargo somos
muchos quienes hemos aprendido idiomas sin utilizar estas materias para ello.
Yo en concreto, criado en el ambiente monolingüe del franquismo, ahora soy
bilingüe por haber aprendido euskera, nuestro otro idioma propio (que además lo
ha sido de mi familia materna desde la prehistoria), y a lo largo de mi vida
estudié el francés en el colegio y el inglés en la EOI, con un método basado en
crear situaciones comunicativas similares a las de la vida real.
Las
fuerzas políticas que sostienen al actual ejecutivo navarro llevaban en su
acuerdo programático hacer una moratoria en la extensión del PAI para evaluarlo
y establecer un tratamiento integrado de las lenguas e incorporarlo al
currículo. Tras una evaluación mal planteada, se ha aprobado una nueva
normativa que está suponiendo de nuevo la extensión de dichos programas.
Porque
la salida de los mismos es muy difícil. En la concertada se fueron implantando con
el gobierno anterior de modo alegal, por decisión de los dueños de los centros,
basada en motivos de mercado para captar alumnado. Muchos pusimos la esperanza
en que el nuevo gobierno demostraría el fraude que supone este sistema que
promete un bilingüismo que no llega a materializarse, a la vez que vacía los
currículos de las áreas, somete a niños y niñas a un sobreesfuerzo innecesario
y daña la equidad. Al año y medio de su toma de posesión esto no había
ocurrido, y en enero de 2017 se publicó una orden foral que exigía el debate y
votación en claustro y consejo escolar para que un centro se incorporara al
PAI. En mi centro concertado los delegados del sindicato ELA solicitamos que se
hiciera así, pero la dirección se negó, y le valió. Casi un año después
Educación nos ha respondido que la red concertada queda al margen de este
requisito, alegando los artículos 115 y 121 de la LOE. Sin embargo yo me
cuestiono si establecer el PAI es un tema de proyecto educativo o carácter
propio como la identidad cristiana del colegio, y si habiendo una financiación
pública es posible sustraerse a los procedimientos que la normativa legal
establece.
Antes
que los actuales titulares de mi colegio, las religiosas que lo fundaron en
1959 a petición de los ferroviarios que vivían en el barrio, se distinguieron
por desmarcarse del resto de la red concertada cuando esta se opuso a la aprobación
de la LODE. Promovieron que la comunidad educativa de mi colegio declarara en
1984 que si había financiación pública era lógico que hubiera también un
control público, a través del consejo escolar. Junto con otro colegio, también
de barrio, se publicó una valiente y comprometida carta en la prensa denunciando la incoherencia, la
injusticia y lo antievangélico de pedir dinero público pero a la vez negarse al
control democrático (ver imagen adjunta).
33 años más tarde, estos
planteamientos ya no los oímos a los actuales titulares del colegio, pero lo
que me resulta más difícil de aceptar es que un gobierno de cambio que llega empujado
por el esfuerzo de tantos entre los que me incluyo, tras toda una vida de
ejecutivos de derechas, se preste a cambiar la normativa aceptando las
presiones patronales, sin presentar batalla como lo hemos hecho a pecho
descubierto trabajadores por cuenta ajena ante nuestras empresas.
Si no nos permiten votar para entrar
en el PAI, imaginémonos si pidiéramos salir. Tampoco esto se ha materializado
aún en ningún colegio público, aunque ahí en teoría gozan de libertad y el
gobierno lo permite en su normativa. No sabemos si lo desea, pero si así fuera,
ha hecho dejación de su papel ejecutivo y ha dejado la iniciativa en los distintos
estamentos de los centros: familias, docentes, alumnado. A las primeras se les
ha engañado con estos programas, y es muy difícil que tomen conciencia y se
movilicen en su contra. El personal docente está muy desvertebrado, además de
sobrecargado de trabajo, como para dar el paso. Sólo docentes muy concretos y
algunos claustros se atrevieron a plantearlo públicamente cuando gobernaba la
derecha. En el resto del Estado las protestas de docentes y familias van en aumento. Pero en Navarra es difícil que quienes han votado a alguno de los cuatro partidos
que sostienen al gobierno, emprendan una batalla que además de resultado
incierto, conlleva oponerse a aquellos a quienes votaron. ¿O estallará la
situación ante la amenaza de requerir titulación en lengua extranjera para la
mayor parte de las plazas de magisterio, unida a la lentitud en la reversión de
los recortes, la elevadísima tasa de interinidad, así como las tensiones
previsibles en torno a las OPEs y la perpetuación por ley del injusto sistema de
listas segragadas que margina a los euskaldunes? En la concertada muchos
docentes se han ido a la calle por discrepar con el PAI o por no adquirir una
titulación sobrevenida. En Navarra sólo nosotros lo venimos denunciando hace tiempo.
Juan Pedro Urabayen Mihura, profesor de Historia, delegado sindical y exiliado de las clases como liberado de ELA para la educación concertada en Navarra
No hay comentarios:
Publicar un comentario